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Psicólogos denuncian ‘cupo machista’ en las elecciones de su Colegio – Perfil.com

En la provincia de Buenos Aires, los integrantes de una lista alternativa que buscaba presentarse a las elecciones del Colegio de Psicólogos, denuncian que fueron impugnados en una errónea invocación de la junta electoral a la ley de paridad de género, a favor, en este caso, del “cupo masculino”.

Se trata de la lista Colegio Abierto XV, que buscaba presentarse en las elecciones para la conducción del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires distrito XV. La particularidad de la lista, a la que la junta electoral hizo referencia para desestimarla, entre otras cosas, fue que estaba integrada por seis candidatas mujeres y solo dos varones. Y fue rechazada por no cumplir con “el principio de equidad y equivalencia de género” en la categoría de presentación de candidatos, amparándose en la ley de paridad de género, que establece cupos en materia electoral a nivel nacional.

“La razón por la cual nuestro colectivo profesional se encuentra representado por más de un 80% de población de mujeres quizás no sea tan interesante como interrogar la razón por la cual la conducción de nuestras organizaciones sigue siendo ocupada en su mayoría por nuestros colegas varones”, sostuvo Julieta Monteros, psicóloga y una de las integrantes de la lista impugnada, en un comunicado con el descargo.

“Tendrían que revisar su posición ética los colegas dispuestos a avalar las maniobras de un machismo que usurpa el lugar de la ley y pretende gozar de los derechos conquistados por la lucha de las mujeres con el único objetivo de perpetuarse en el poder y no ceder sus privilegios”, continúa.

Según consignaron en sus redes sociales, la lista se había presentado los primeros días de noviembre, en pos de ser una alternativa a la lista única que se presentaba a las elecciones del 2 de diciembre próximo.

Contra los estereotipos

En el marco de las actividades que se vienen realizando de cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; el Ministerio Público de la Defensa (MPD) realizó el jueves la jornada “Comunicar y hacer justicia sin estereotipos de género”.

Con la participación de periodistas, comunicadoras y comunicadores, abogados y abogadas, se realizaron paneles para reflexionar acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en el acceso a la Justicia; y los prejuicios que se proyectan desde los medios de comunicación.

Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, puso el foco en la reproducción de estereotipos del Poder Judicial, y en la importancia de capacitar a jueces y juezas para evitar la revictimización de las mujeres.

Psicología UBA: se conformó un frente de lucha con la izquierda y estudiantes independientes – La Izquierda Diario

De forma democrática, en plenario y decidiendo desde abajo, se conformó la lista número 6 “La Izquierda al Frente + estudiantes independientes”. Está integrada por En Clave Roja (PTS + independientes), EPA (Ujs/PO), Las Rojas (Nuevo MAS), Juventud de Izquierda Socialista, Inconsciente Colectivo (MST) junto a 160 estudiantes independientes, que fueron parte de la toma y la lucha por la educación pública, y que serán parte de las candidaturas para Secretaria General y las vocalías.

La lista 6 se define opositora al decano Jorge Biglieri e independiente del Gobierno, el peronismo y el kirchnerismo, en defensa de la educación pública y en unidad con los trabajadores.

Está encabezada por Juan Manuel Mastromarino del EPA y Sabrina González de En Clave Roja. Para la secretaria general y vocalías, las candidaturas estarán integradas por les estudiantes independientes Florencia Gonzalez, Marco Ballesi, Diego Menolli, Martina Rapacioli, Santiago Ruiz Diaz y Lisandro Vallejos, tal como se voto en el plenario de ayer por unanimidad.

Este frente se propone refundar el Centro de Estudiantes desde las bases, para que sea una herramienta de lucha a la altura de dar las peleas que se le plantean al movimiento estudiantil en un contexto de ajuste y de avance de la derecha en toda América Latina, con el brutal acuerdo con el FMI que está pactando Macri y la posible asunción del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil.

La instancia democrática de plenario abierto, donde se votó el programa y las candidaturas, se logró llevar adelante a pesar de las maniobras de la actual conducción, El Impulso (La Mella/ MotorPsico, Libres del Sur y El Brote) que junto con el EDI (Franja Morada) pretendía apurar el cierre de listas y evitar el proceso de debate.

La lista es producto de las mejores conclusiones que dejó el conflicto educativo que se desarrolló en la Facultad de Psicología con masivas asambleas, que incluyeron la toma de la facultad durante 12 días, clases públicas, comisiones de bases y el extendido repudio al decano y sus aliados del EDI, ambos alineados con la UCR/Cambiemos, garantes del presupuesto de ajuste para el 2019 en la Facultad.

Mirá el video de la histórica asamblea en la Facultad de Psicología

Alrededor de estas conclusiones se desarrolló el debate entre estudiantes y con las distintas organizaciones que tenían voluntad de conformar la lista.

Pasados unos minutos del comienzo del plenario, la Agrupación Psicólogos Para el Pueblo, del Movimiento Popular la Dignidad, que había manifestado querer ser parte del proceso de conformación, se retiró del debate mostrando su poca voluntad para un debate abierto y democrático, justo cuando se abordaba la discusión por un CEP con independencia política con respecto al gobierno nacional, el peronismo y Kirchnerismo. Es que esta agrupación no puede sostener esa postura, ese mismo día en la Facultad de Sociales se presentó a elecciones con Nuevo Encuentro, La Cámpora, La Mella y Libres de Sur y a nivel nacional llaman a votar a Cristina Kirchner en 2019.

El debate continuó sobre el método de funcionamiento de la lista, que incluye la revocabilidad de los cargos en caso de que algún representante rompa con el programa votado y la conformación de una mesa con representación de todas las agrupaciones e independientes para discutir las campañas y acciones que llevarán adelante.

Además se votó exigir que se levante la elección, que se desarrollara del 22 al 26 de octubre, el día de la votación del presupuesto 2019 que el Congreso de la Nación se dispone a votar el día miércoles, para poder movilizar en rechazo al ajuste que significa dicho presupuesto para el bolsillo de los trabajadores. De esta forma se reafirmó la conformación de un verdadero frente de lucha.

Esta experiencia es un enorme triunfo para les estudiantes y sienta las bases para una nueva tradición en la Facultad de Psicología, que recupere lo mejor del movimiento estudiantil para pelear por una universidad de los trabajadores y enfrentar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.

A continuación difundimos el programa votado para la conformación del frente:

1. Por un CEP que sea independiente de las autoridades, del gobierno de Macri, los gobernadores del PJ y el kirchnerismo.

2. Que apoye y construya la unidad con les trabajadores para poder derrotar los planes de Macri y el FMI. No al pago de la deuda. Plata para educación, salud y trabajo.

3. Que sea democrático y participativo. Que su organización sea en base a comisiones abiertas a todes les estudiantes, delegades por cursos y asambleas como instancia de deliberación y decisión máxima.

4. Que esté siempre con las pibas y nunca con la Iglesia. Aborto legal, seguro y gratuito. Separación de la Iglesia y el Estado.

5. Abajo la Ley de Educación Superior Privatista y la Coneau.

6. Democratización de la facultad. Una persona un voto. Claustro único docente. Conformación de junta de carrera, resolutiva y democrática, para Musicoterapia y Terapia Ocupacional. Apertura de las sesiones del consejo directivo a la participación estudiantil.

7. Reforma del plan de estudio. Por la apertura de un proceso de discusión que contemple la perspectiva de género transversal. Prácticas formativas bajo convenio laboral desde el principio de la carrera. Extensión de becas de ayuda económica y posgrados gratuitos. Por un conocimiento que de respuesta a las grandes mayorías.

8. Implementación efectiva y presupuesto para el protocolo contra la violencia de género. Licencias y regímenes especiales de cursada por violencia de género. Gabinetes interdisciplinarios de asistencia para las víctimas en todas las sedes. Respeto de la identidad de género para trámites administrativos y cupo laboral trans en la facultad.

9. Finalización de las obras de la sede de independencia. Apertura del comedor universitario y centro cultural estudiantil. Presupuesto para mantenimiento. Aulas para MT y TO en HY manteniendo las sedes de Avellaneda y San Isidro. Apertura del tercer módulo en san isidro de acuerdo a las necesidades estudiantiles y docentes. Centro de desarrollo infantil en todas las sedes.

10. Basta de cierres de comisiones y despidos docentes. Derogación de la resolución 397/16. Inscripción sin límites de cupo. Vigencia del convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios. No a los concursos truchos. Por la plena libertad de cátedra. Apoyo a los docentes en lucha.

11. Derogación de la resolución 1254. No a la devaluación de nuestros títulos. No al cierre del Ministerio de Salud. Por la implementación del ejercicio profesional de Musicoterapia y Terapia Ocupacional de acuerdo a las necesidades sociales. Abajo la reforma de la carrera profesional de salud. No a la CUS y las reformas privatistas de salud pública y mental. Por una verdadera desmanicomialización a cargo de los trabajadores de la salud mental y usuarios.

12. Que pelee por el boleto educativo gratuito.

Profesionales locales, preocupados y en alerta por cambios en Ley de Salud Mental – Perfil.com

En redes sociales y sitios ofi­ciales de los colegios y asocia­ciones de profesionales de la salud de Córdoba comenzaron a circular una serie de docu­mentos y manifestaciones tras conocerse un proyecto de decreto reglamentario del Eje­cutivo nacional que modifica buena parte de la Ley de Salud Mental 26.657. Según advirtió el CELS, y luego se hicieron eco entidades profesionales de Córdoba e incluso legisla­dores provinciales, el decreto modifica aspectos centrales de la ley, reinstala el formato de manicomio, afecta el desarro­llo de dispositivos alternativos que ayudan a la reinserción y tratamiento de pacientes (co­mo las casas de medio camino) y limita el trabajo de cientos de profesionales de distintas áreas que participan en el campo de la salud mental.

PERFIL CORDOBA dialo­gó con representantes de los colegios de psicólogos, de trabajadores sociales y de la asociación de acompañantes terapéuticos, para conocer su visión sobre los cambios que plantea el decreto. Con unani­midad, todos los espacios de profesionales advirtieron que el decreto modifica la sustan­cia de la Ley de Salud Mental y afecta derechos esenciales de los pacientes, a la vez que restringe la intervención de sus profesiones.

Un decreto limitante. “Lo pri­mero que vemos es un proble­ma de inconstitucionalidad, porque con el argumento de incongruencias con las in­cumbencias profesionales, cambian 33 de los 42 artícu­los, modifican el sentido de la Ley de Salud Mental, una ley de ciudadanía que amplía de­rechos”, señala Jacinta Burijo­vich, del Colegio de Psicólogos de Córdoba. En esa línea, Bu­rijovich advierte que el decre­to que busca reglamentar la ley limita a las personas que pueden recibir tratamiento y se cambia a una cantidad de prestaciones determina­da por evidencia científica: “La Ley de Salud Mental está pensada desde la perspectiva de los derechos humanos y este decreto le saca todos los aspectos vinculados a los de­rechos humanos y sociales, a los padecimientos subjetivos. Y utiliza un eufemismo: ‘hos­pitales monovalentes especia­lizados’, pero están hablando de manicomios, algo estigma­tizante, algo así como volver a los leprosarios. Así, se patea el compromiso firmado en el Consenso de Panamá para lle­gar al 2020 sin manicomios”.

Impacto laboral. Desde el Cole­gio de Psicólogos afirman que los cambios que propone el de­creto, dando mayor poder a los médicos psiquiatras, tendrán un efecto en la labor de los co­legiados: “El decreto descono­ce la problemática compleja. Por ejemplo, plantea que la dirección del equipo interdis­ciplinario queda solo para los médicos. Esto puede tener un impacto en la fuente laboral porque limita el trabajo de los psicólogos a una determinada práctica cuando en realidad el abordaje comunitario era para que todo el equipo acompañe a la persona con padecimien­tos”, apunta Burijovich.

Julio Abba, de la Asociación Acompañantes Terapéuticos de la Provincia de Córdoba, destaca que “es un decreto que nos deja afuera en algu­nos sentidos, pero fundamen­talmente afecta a los usuarios en sus derechos por recibir atención para mejorar su ca­lidad de vida. El acompañan­te terapéutico es uno de los agentes primordiales para llevar adelante el proceso que la ley plantea en cuanto a la desmanicomialización y en la reinserción social de las perso­nas. Hay varias cosas que nos preocupan. Una es la propues­ta de reinstalar el manicomio con otro nombre, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, un retroceso en cuanto al proceso de ter­minar con los manicomios y permitir la posibilidad de tener tratamientos en otros disposi­tivos. También en modificar la concepción de la salud mental, con concepciones biológicas”. Para Abba, con el decreto “se desalienta el desarrollo de dis­positivos alternativos como hogares de día, casas de me­dio camino. Estamos organi­zando reuniones para trabajar y ver cómo podemos darle un freno”.

Derechos vulnerados. Una posición similar muestran los trabajadores sociales. Caroli­na Allende, presidenta del Co­legio de Profesionales de Ser­vicios Sociales, subrayó: “Es un decreto que vulneraría de­rechos porque vuelve a prác­ticas manicomiales, quita de­rechos a los pacientes. Se res­tringen cuestiones que llevan a que, en la práctica, la ley no se pueda aplicar. Y hay cues­tiones de índole práctico que afectan el desempeño de los trabajadores sociales. Según este decreto, no podríamos conducir equipos disciplina­rios o instituciones donde nos desempeñamos porque sola­mente los médicos psiquiatras podría ejercer posiciones de conducción. Restringe nues­tro ejercicio profesional y no se tiene en cuenta el trabajo interdisciplinario”.
Finalmen­te, Allende destacó que “desde la Fepuc (Federación de Enti­dades Profesionales Univer­sitarias de Córdoba) vamos a seguir trabajando en esto. Tenemos una mesa de diálo­go junto con Justicia y Salud y con el Tribunal Superior de Justicia, donde el objetivo es la aplicación integral de la Ley de Salud Mental.
Es un tema prioritario para nosotros”.

Una excusa para otros fines. Natalia Monasterolo es doc­tora en Derechos y Ciencias Sociales, abogada y miem­bro del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba. Al analizar el escenario que plantea el proyecto de de­creto reglamentario de la Ley de Salud Mental advier­te: “Un decreto reglamen­tario no puede modificar el sentido de una norma por­que atenta contra princi­pios básicos de la democra­cia. Cambiar su sentido es grave, porque puede pasar con cualquier tema. Anali­zando el proyecto se ve que se atenta contra el espíritu de la ley. Justifica el man­tenimiento de hospitales monovalentes, reinstala la idea de peligrosidad que la ley erradica; redefine a la salud mental en términos biologicistas, apela a la evi­dencia científica con postu­ras deterministas. Hay una reducción a la biología del sujeto. Por otro lado, queda relegado el abogado defen­sor en su rol y posibilidad de discutir. Todo esto legitima que no se cumpla el com­promiso de llegar al 2020 sin manicomios, borra esos plazos”. 
A la hora de anali­zar las motivaciones detrás del contenido del decreto, plantea una revisión hacia el momento de la sanción de la ley: “Hubo fuerzas muy disgustadas con la salida de la ley por la quita de poder que suponía. No proponía una disciplina hegemónica que decide, sino que tiene que funcionar en horizon­talidad e interacción. Hubo muchas disputas ahí y el proyecto de decreto les da la derecha a los que estaban en contra de la salida de la ley. Reformar el decreto pa­ra ir en contra de la ley pa­rece una excusa para otras cosas”.

El psiquiatra trucho fue condenado por curandero – La Voz del Interior

“Fui juzgado por mis errores y no por mis virtudes, por todo lo bueno que le dejé a Río Tercero en materia de prevención en adicciones a las drogas y en violencia de género”.

Esa fue la declaración de Daniel Luis Sigaloff (62) luego de escuchar ayer el fallo condenatorio de la Cámara del Crimen de Río Tercero. El hombre había llegado a juicio acusado de ejercer como psiquiatra trucho.

Mediante el beneficio de juicio abreviado, Sigaloff reconoció los hechos y mostró arrepentimiento. Fue condenado a tres años de prisión en ejecución condicional y a dos años de inhabilitación absoluta. Además se le impuso un año de tareas comunitarias.

De esta manera, recuperó la libertad luego de haber estado casi un año encarcelado, previo a sus cinco meses como prófugo.

En el acuerdo entre las partes jugó a favor del imputado que no se demostró ningún daño a los supuestos pacientes.

Por ello se entendió que “curó” al estilo de un “curandero”, pero sin tener la habilitación para ejercer ese rol, según se confió desde la sede tribunalicia.

En diálogo con La Voz, Sigaloff, con su estilo sereno, contestó: “No hay mucha gente que se queje de mi trabajo. Desde mi formación humana, hice lo posible para ayudar a las personas. Me arrepiento de haber estado preso 10 meses y 18 días por haber ejercido ilegalmente la profesión. De otra cosa no me arrepiento. No lo volvería a hacer”.

Ante el Tribunal, ayer mencionó que hizo varios cursos breves relacionados a la psicología.

Ya en libertad, Sigaloff aseguró que pretende alejarse del consultorio y dijo, con temple pausado, que se dedicará a distribuir cigarrillos en Buenos Aires, donde tendrá su nuevo domicilio.

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Cómo arrancó

Hace un par de meses, el fiscal de Instrucción Alejandro Carballo elevó la causa a juicio contra Sigaloff, acusándolo por los delitos de ejercicio ilegal del arte de curar, falso testimonio y por cuatro estafas reiteradas.

La acusación de la fiscalía acumuló pruebas respecto a que “carecía de título habilitante para el ejercicio de la medicina y de la psicología”.

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Surge en el expediente de la investigación que atendía en consultorios en Río Tercero y en el vecino pueblo de Tancacha, al menos entre 2009 y 2017.

En la acusación consta que “de manera habitual prescribía y administraba medicamentos destinados a curar enfermedades psiquiátricas y trastornos psicológicos”.

En este punto, la fiscalía puso énfasis en “el peligro para la salud” que esa prescripción significó. En la causa surgió que “recetó antisicóticos y estabilizadores para depresión y ansiedad”.

Incluso, hasta emitió certificados médicos y “prescribió reposo de 15 días por supuesta patología psiquiátrica a uno de sus pacientes”.

Entre la prueba recopilada por el Ministerio Público Fiscal aparecen un recetario y un facturero a su nombre. Como supuesto médico, facturaba con distintas obras sociales.

Sigaloff cobraba –siempre según el expediente– entre 400 y 600 pesos por cada consulta. Por ello, las estafas ascienden, según el caso, desde los cinco mil hasta los 8.500 pesos.

Al cierre del juicio, la defensa, asumida por Alejandro Schulga, entendió que, en una pena por delitos en concurso real, que preveía de un mes a 29 años, la sentencia fue “justa”.

“Utopía de un psiquiatra”

Sigaloff es persuasivo, eso es innegable. En la región se lo reconocía como un “psiquiatra” que arrimaba alguna solución o estabilizaba a pacientes con patologías mentales o con adicciones.

Publicó el libro Utopía de un psiquiatra e incluso estaba escribiendo otro. Daba conferencias y compartía estrado junto a jueces y a referentes sociales.

El hombre resultaba creíble, era buscado por muchos pacientes.

Una de las testigos de la causa (una de las psicopedagogas que trabajó junto a Sigaloff) admitió que nunca imaginó que él no tuviera título.

La mujer declaró durante la instrucción: “Aparentaba saber mucho de su profesión, contaba que estuvo a punto de ser director de un instituto en Buenos Aires y que organizaba cursos, charlas y diplomaturas con personas de Italia y España”.

Con oficios librados al Consejo Médico, al Colegio de Psicólogos de Córdoba y al Ministerio de Salud de la Nación, la fiscalía comprobó que Sigaloff no tiene título ni matrícula habilitante.

Tampoco apareció prueba oficial de que haya egresado de alguna carrera de grado.

Hasta su exesposa lo acusó

La mujer dijo que Daniel Sigaloff la engañó en todo.

La exmujer declaró que la engañó y que le aseguró que era viudo. Indicó que el hombre le dijo que tenía siete hijos (de distintas parejas), pero después le aclaró que eran cinco. Al final, Sigaloff explicó que tiene tres.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 6/09/2018 en nuestra edición impresa.

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Cómo operaba la “secta del psicólogo” – La Voz del Interior

La detención del psicólogo Marcelo Bazán y tres personas más acusadas por la Justicia de extorsión agravada y amenazas, provocó una catarata de denuncias. A la causa original en la que están imputados también Nicolás Libra y Guillermo Miatelo, se le sumó rápidamente un nuevo capítulo por coerción y aprovechamiento de personas.

Pablo Salum, fundador de la Red Libremente que ayuda a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas, realizó una denuncia en Tribunales Federales por esta situación. Casi inmediatamente una veintena de familias y víctimas declararon ante la fiscal Graciela López de Filoñuk y afirmaron que Bazán los había captado y separado de sus afectos, utilizando sus conocimientos como terapeuta.

Las dos denuncias judiciales parecen abrir dos vías de ingreso a una compleja organización que se nutría tanto de pacientes como de profesionales en momentos delicados, y que habría sido la contracara de una financiera con bocas en varios puntos de la provincia.

Cómo funcionaba

La Fundación Dolto, que se presentaba como un instituto de psicoanálisis, tenía una estructura diversificada. En su sitio web –ya fuera de línea– se anunciaba como una red de consultorios especializados en la salud mental (psicología, psiquiatría y hasta nutrición), con cursos de e-learning, talleres de capacitación y una academia de apoyo para universitarios.

Bazán habría utilizado todas estas vías para nutrirse de adeptos.

“Las víctimas describen un modus operandi de Bazán. Primero captaba a las personas como pacientes (alumnos y profesionales), estudiaba sus puntos débiles y sus secretos. Y usaba la persuasión coercitiva para ir sometiéndolos de a poco a la explotación sexual y laboral”, cuenta Salum.

Denuncian que personas con problemas psiquiátricos y de adicciones, que recurrían Bazán para un tratamiento, generaban una relación de dependencia con el psicólogo. Los pacientes se convertían en socios o recurrían a él para algún tipo de auxilio financiero o laboral.

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Personas que en algún momento participaron del núcleo íntimo de Bazán, hablan también de sometimiento sexual a pacientes y la realización de orgías. También de que se les proporcionaba drogas a los pacientes (tanto marihuana como cocaína). En todos los casos, los miembros de este círculo cortaban vínculos con sus familias y entraban a trabajar en Dolto.

Modelo de negocios

El modelo de negocios de la institución consistía en expandirse a través de franquicias, algunas en manos del círculo íntimo de Bazán y otras en poder de terceros que veían exclusivamente un apalancamiento comercial. En total, la institución contaba con ocho locales. Dolto se encargaba de generar el contacto con las obras sociales para los profesionales que trabajaban en las consultas. “Por esta gestión, Dolto se quedaba con el 40 por ciento de lo que pagaba una prepaga por la consulta de un paciente”, explica un profesional que trabajó en una sede .

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“Por consulta nos quedaban 130 pesos”, explica este profesional, que inclusive fue paciente de Bazán y asegura que desconocía tanto el posible negocio financiero como la presunta “secta”.

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC) estipula el mínimo ético por consulta en 500 pesos. Aunque desde diversos sectores profesionales indican que es común que los recién egresados acepten condiciones muy desventajosas para trabajar y formarse.

La mesa chica

Para varias personas que trabajaron en las franquicias, el quiebre se produjo cuando Bazán se separó de su segunda esposa. Entre fines de 2014 y principios de 2015, Doxa pasó a llamarse Dolto. Sin embargo, la denuncia de Salum abarca un período de tiempo mayor.

En 2015 entró en escena un paciente de Bazán, quien sería dueño de una financiera en el departamento Río Segundo. Los socios de este hombre, que estarían en España, fueron quienes denunciaron las amenazas y la extorsión tal como señaló La Voz en su edición de ayer.

Tras el cambio de nombre, los franquiciados debieron rescindir los contratos y realizar unos nuevos con el financista. “Las copias quedaban en Dolto”, relatan.

Después de eso Bazán consolidó un grupo chico, que incluía a psicólogos y profesionales con sus respectivas parejas, que se mantuvo estable y que siempre procuró sumar más adherentes. La mayoría fueron primero sus pacientes.

Además del financista, integró a un contador y a un abogado, que se encargó de contestar con cartas documento las denuncias.

Los conflictos con el Colegio de Psicólogos

Recibió fue este año cuando recibió una sanción.

En 2012, presentó una denuncia ante el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC) contra dos psicólogas que querían abandonar su institución. Desde esa entidad profesional indicaron que si bien el contrato era legal, tenían condiciones usurarias para las trabajadoras. Días antes de ser detenido recibió una multa del CPPC por 15 mil pesos por expresarse de manera incorrecta contra un colega. En 2017, esa institución acreditó que no tenía sanciones éticas ni disciplinarias.

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 12/08/2018 en nuestra edición impresa.

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